Las nuevas tendencias internacionales inherentes a la difusión del poder y los cambiantes criterios de índole normativa del orden mundial, posibilitan identificar algunas dinámicas materiales y políticas que trabajan como incentivos al interés de los Estados en la actividad nuclear. En tal sentido, el orden nuclear se basó en un plexo normativo basado en un régimen de verificación cuyo núcleo de negociación entró en crisis. Esta dimensión sustentada en medidas diplomáticas y políticas, unidas al papel de la negociación, sigue siendo el componente sustancial de la denominada estrategia de No Proliferación.  Sin embargo, la incapacidad de esta estrategia, en particular del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), de limitar las ambiciones nucleares de algunos estados ha llevado a la necesidad de complementar e incluso, sustituir, las medidas de No Proliferación por otras basadas en la Contraproliferación, como lo es la Propuesta de Contraproliferación (CPI) presentada por el Departamento de Defensa de los EEUU, en 1993, que plantea opciones militares para contrarrestar la adquisición y uso de materiales  nucleares, y ADM en general, por parte de actores estatales y no estatales regionales.

El presente trabajo explora la relación entre ambas estrategias, si estas constituyen acciones complementarias o plantean conflictos de intereses y, principalmente, si fomentan o retraen la cooperación internacional.