El término de la Guerra Fría trajo consigo no sólo el fin de la bipolaridad que había determinado el ordenamiento del sistema internacional entre las dos superpotencias, sino que también ha establecido cambios que han reconfigurado la agenda de preocupaciones de la comunidad internacional, transformaciones que han establecido un nuevo escenario estratégico para la cooperación internacional para la resolución de conflictos, entendida como un medio para abordar los desafíos que impone un mundo cada vez más interconectado e interdependiente.

Desde la década de los noventa comienza a hacerse presente con una intensidad cada vez mayor el estallido de conflictos de carácter interno focalizados fundamentalmente en los Balcanes, África y el Asia Central, los cuales daban cuenta de una grave crisis de gobernabilidad y legitimidad de los Estados. En ésta década, lo que en Relaciones Internacionales y en la Ciencia Política se ha denominado los Estados fallidos o frágiles, comienzan a ser una real preocupación a nivel humanitario, pero también comienzan a ocupar un lugar prioritario en la agenda de los principales decisores de la política internacional, pues a nivel estratégico, comienzan a ser vistos como una amenaza para la seguridad internacional, consideración que gana protagonismo sobre todo tras los atentados del 11-S en Estados Unidos.

A partir del fenómeno de la fragilidad del Estado, la consolidación de la paz, y la construcción del Estado,  se han convertido en el principal objetivo de los actores insertos en el sistema de ayuda humanitaria y operaciones de paz, instrumentos que la comunidad internacional ha ideado bajo el alero de Naciones Unidas para contener los efectos nocivos de los conflictos, por la vía de la cooperación internacional. Estas operaciones que se han vuelto cada vez más complejas y multidimensionales, dado el carácter de los conflictos, adolecen de una serie de problemáticas que han determinado su fracaso en reiteradas ocasiones como fue el caso de Sierra Leona, Liberia, Haití, y Somalia, países donde la intervención de la comunidad internacional ha sido repetida, dado el fracaso de las primeras operaciones de paz.

En este tipo de operaciones de cooperación a la paz y de ayuda humanitaria, ha sido posible apreciar una estandarización de los mecanismos de resolución de conflictos, guiados por el paradigma liberal de la ayuda, relegándose conceptos como el de cultura y empoderamiento local. A partir de esta observación, este artículo tiene por objetivo introducir aspectos teóricos de análisis multidimensional, bajo el prisma de la responsabilidad de proteger, en específico respecto de las estrategias para prevenir, reaccionar y reconstruir, que ha desplegado la comunidad internacional para la etapa del post conflicto, y los principales aspectos de la crítica que en el mundo académico se ha comenzado a realizar en torno al modelo que siguen las instituciones y actores insertos en las operaciones de paz y ayuda humanitaria para la construcción del Estado, insumos que nos permiten acercar la problemática a un escenario nacional y a los programas de formación de civiles y militares para enfrentar operaciones de paz, con una propuesta de análisis que recoja los conceptos socio culturales, históricos, antropológicos, de apropiación,  del contexto local y su identidad propia.

Se espera que este documento pueda contribuir a generar una discusión amplia sobre el tema de cómo la comunidad internacional está dirigiendo la cooperación para la resolución de conflictos, desde el derecho a intervenir a la responsabilidad de proteger y que desde ahí se puedan generar nuevas contribuciones a la temática, lo cual es relevante, no sólo a nivel internacional, sino que regional e incluso nacional, ya que tanto Chile como Brasil y Argentina, junto a otros países Latinoamericanos,  han sido actores importantes en la operación de paz en Haití, la cual hoy, se encuentra en la disyuntiva de cuándo debe finalizar y cómo se deberá realizar este proceso para que no se genera un vuelco en la situación de estabilidad del país. También, como objetivo complementario, proponer la incorporación de la problemática social, cultural, histórica y de identidad local en las estrategias para la reconstrucción post conflicto y su formación académica, énfasis que ha sido impulsado por la conceptualización que hizo la CIISE (Comisión Internacional de Intervención y Soberanía de los Estados) sobre la responsabilidad de proteger y sus alcances, al señalar las responsabilidades específicas que deben abordarse en cuanto a prevención, reacción y reconstrucción, a la hora de implementar soluciones a los conflictos y la consolidación de la paz posterior.

De esta manera el artículo discurre finalmente, sin mayores pretensiones y como corolario de los argumentos precedentes, de las obligaciones ontológicas y antropológicas que conlleva la “responsabilidad de proteger”, esto es, de la responsabilidad fundamental de los Estados soberanos, en términos ontológicos y antropológicos, de intervenir y proteger poblaciones reprimidas violentamente por sus gobiernos, de los asesinatos masivos de sus ciudadanos, de las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y la inanición y hambruna a las que son sometidos; concepto que la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), había formalizado en Canadá el año 2000.

Esta última parte del discurso plantea que desde el punto de vista ontológico, “la responsabilidad de proteger”, a partir de la “responsabilidad de prevenir”, tiene como objeto material de estudio a los Estados, sus componentes, miembros y  características y, por objeto formal, el concepto de “responsabilidad en la protección”, donde se hace necesario comprender previamente las culturas, entendiendo que  comprender la cultura solo es posible si se puede comprender el significado de los objetos sociales.

Por otro lado, el artículo también propone que la esencia de lo antropológico queda abierta a la responsabilidad de proteger (y consecuentemente a la de prevenir); que siempre que se protege, se protege a alguien y para algo y que, en consecuencia, la praxis del proteger exige una antropología.

Por último, que tanto lo ontológico como lo antropológico deben fundamentar una “responsabilidad de proteger” donde el proteger sea, en rigor, preservar a lo humano.