Los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado previstos en más de 3000 tratados bilaterales de inversión (TBI) y otros tantos instrumentos jurídicos bilaterales y regionales han sido centro de numerosas críticas en los últimos años. En primer lugar esta ponencia analizará los riesgos que entraña el sistema y han sido identificados desde el ámbito académico, social y gubernamental, como ser la falta de consistencia en la jurisprudencia, la conformación de los tribunales arbitrales, la inclusión de una amplia diversidad de temas dentro del concepto de inversión protegida y la ausencia de una instancia de apelación de los laudos arbitrales. Se tratarán casos concretos de controversias que permitan ilustrar tales riesgos, como ser el caso Philip Morris contra Uruguay relativo a las políticas antitabaco desarrolladas en protección al derecho a la salud pública.

En segundo lugar, esta ponencia examina los diferentes caminos hacia la reforma o intentos de mejoramiento parcial del sistema en base a ejemplos concretos. Tal es el caso de la eliminación de ciertas áreas de la solución de controversias inversor-Estado, como en la excepción de las políticas de control del tabaco del Acuerdo de Asociación Transpacífico; pasando por la creación de una Corte de Inversiones como propone la Unión Europea en los acuerdos que está negociando con terceros Estados; hasta la propia exclusión de los mecanismos de solución de controversias de los acuerdos de protección de inversiones, como en el nuevo modelo de Acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones de Brasil; entre otros.

Una de las principales conclusiones a las que arriba este trabajo es que, siendo imperiosa la reforma o mejoramiento del sistema de solución de controversias inversor-Estado, cualquiera sea el camino que decida transitarse, debe hacer en protección de la soberanía estatal. De lo contrario, las demandas o amenazas de demandas de los inversores continuarán derivando en un congelamiento normativo, hecho que evidencia una disminución del espacio regulatorio inherente a la soberanía estatal y pone en jaque políticas públicas de protección de la salud pública, medioambiente, acceso al agua, entre otras.