Existe una tendencia a la imposición de un modelo extractivista en diferentes países de América Latina después de la elección de una serie de gobiernos progresistas, en este caso se hará un enfoque principalmente a Colombia, Venezuela y México. La clase política en estos países, llamativamente sigue vendiendo éstos proyectos como de ‘desarrollo’, generadores de empleo y de activación económica cuando en realidad se trata de actividades extractivas de enclave, fundamentado en la transferencia de minerales hacia los países metropolitanos –principales consumidores de los mismos-  y que en esencia es similar al de saqueo colonial.

De igual manera, los impactos ambientales y sociales de la extracción de recursos naturales no renovables deben ser considerados como una variable fundamental en las reflexiones de política pública, y sea cual sea la ideología de su sistema político, la presión extractiva provoca despojo territorial, conflicto social, pobreza económica, intervención y control gubernamental, contaminación ambiental, destrucción patrimonial, violencia militar y paramilitar.